El delito contra la propiedad intelectual regulado en el artículo 270 del Código Penal es una de las figuras más invocadas en denuncias relacionadas con la explotación de obras protegidas, especialmente en ámbitos como la venta de copias físicas, la distribución de contenidos digitales o la comercialización de productos con elementos protegidos por derechos de autor.
Sin embargo, la práctica judicial demuestra que un número significativo de procedimientos penales por propiedad intelectual termina en archivo, sobreseimiento o absolución. Este resultado no responde a una casualidad ni a un fallo aislado de la investigación, sino a una serie de problemas estructurales en la construcción de muchas acusaciones penales.
La experiencia forense revela patrones bastante claros: en numerosos casos se intenta trasladar al ámbito penal una lógica propia de la reclamación civil de derechos de autor. Pero el tipo penal del artículo 270 CP exige requisitos mucho más estrictos, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo.
A continuación se analizan los errores más habituales que explican por qué muchos procedimientos penales por propiedad intelectual no prosperan en juicio.
El problema estructural de muchas acusaciones por el art. 270 CP
La infracción de derechos de autor puede generar responsabilidad civil, administrativa o penal. No obstante, no cualquier vulneración de derechos de propiedad intelectual constituye un delito.
El Derecho penal actúa como ultima ratio, es decir, solo interviene cuando la conducta presenta una gravedad suficiente y cumple todos los elementos del tipo penal.
En materia de propiedad intelectual, esto implica que la acusación debe acreditar, entre otros elementos:
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explotación económica de la obra protegida
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ánimo de lucro penalmente relevante
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comunicación pública, distribución o reproducción ilícita
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perjuicio económico significativo
Estos derechos exclusivos de explotación —reproducción, distribución, comunicación pública y transformación— constituyen el núcleo de la protección de las obras y están definidos en la legislación de propiedad intelectual española.
Cuando alguno de estos elementos no queda suficientemente acreditado, el proceso penal pierde solidez y puede terminar en sobreseimiento o absolución.
Error nº 1: Falta de acreditación rigurosa de la legitimación activa
Uno de los problemas más frecuentes en estos procedimientos es la falta de acreditación concreta de la legitimación para ejercitar la acción penal.
En muchos casos, las denuncias son promovidas por entidades de gestión colectiva que administran derechos de autores o productores.
Sin embargo, estas entidades no son titulares originarios de los derechos, sino gestoras de los mismos.
En el proceso penal deben acreditar de forma específica:
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qué obras concretas están afectadas
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quién es el titular de los derechos
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qué mandato concreto tiene la entidad para actuar en su nombre
En la práctica, la acusación suele basarse en:
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estatutos de la entidad
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certificaciones genéricas
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informes periciales elaborados por la propia organización
Este tipo de documentación no siempre permite demostrar la representación obra por obra, lo que genera un problema procesal relevante.
Cuando el tribunal exige identificar con precisión:
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el titular del derecho
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la obra afectada
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el mandato de representación.
La acusación puede encontrarse con dificultades para acreditar quién es realmente el sujeto pasivo del delito.
Sin un sujeto pasivo claramente identificado, se debilitan tanto la tipicidad penal como la propia legitimación procesal.
La jurisprudencia ha señalado que, en los delitos contra la propiedad intelectual, resulta imprescindible identificar la obra concreta afectada y el titular del derecho lesionado, pues el tipo penal protege derechos patrimoniales determinados y no una abstracción del sistema de propiedad intelectual.
Asimismo, cuando actúan entidades de gestión colectiva, estas lo hacen en calidad de representantes de los titulares, por lo que deben acreditar el mandato o legitimación específica para actuar en nombre de dichos titulares.
Error nº 2: Confusión entre infracción civil y delito penal
Otro de los errores más habituales consiste en trasladar al proceso penal esquemas propios del derecho civil.
En una acción civil por infracción de derechos de autor suele bastar con demostrar:
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uso no autorizado de la obra
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existencia de un perjuicio económico
Sin embargo, el delito del artículo 270 CP exige un nivel de gravedad superior.
El Tribunal Supremo ha reiterado que no cualquier infracción de derechos de autor constituye un delito. Para que exista responsabilidad penal deben concurrir elementos adicionales como:
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ánimo de lucro relevante
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explotación económica significativa
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actividad comercial a cierta escala
Cuando estos requisitos no se acreditan con claridad, el conflicto suele encajar mejor en el ámbito de la responsabilidad civil que en el penal.
Jurisprudencia que apoya esta teoría
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que no toda infracción de derechos de propiedad intelectual constituye delito. La aplicación del art. 270 CP exige la concurrencia de ánimo de beneficio económico y una explotación de entidad suficiente, de modo que la jurisdicción penal queda reservada para las conductas con relevancia económica o comercial significativa (entre otras, STS 139/2007, de 23 de febrero; STS 546/2022, de 2 de junio).
En este sentido, el Tribunal Supremo recuerda que el delito del art. 270 CP se configura como un delito de tendencia que exige actuación con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, lo que impide criminalizar meras infracciones civiles de los derechos de autor (por ejemplo, STS de 4 de abril de 2025, rec. 6721/2022).
- Tribunal Supremo, Sala Segunda, STS 546/2022, de 2 de junio, recurso de casación ECLI:ES:TS:2022:2315. El Tribunal Supremo analiza la retransmisión de partidos sin licencia en bares y examina si la conducta encaja en el art. 270 CP o en otro tipo penal, poniendo de relieve que no toda vulneración de derechos de explotación audiovisual constituye delito contra la propiedad intelectual. Sirve para sostener que la tipicidad penal exige una explotación económica relevante, no cualquier incumplimiento contractual o civil. Fuente
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Tribunal Supremo, Sala Segunda, STS 139/2007, de 23 de febrero. Analiza supuestos de explotación de contenidos protegidos y delimita los elementos subjetivos del delito contra la propiedad intelectual, destacando el ánimo de lucro como elemento característico del tipo penal. Permite sostener que la infracción civil no se transforma automáticamente en delito si no se acredita ese elemento subjetivo. Fuente
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Tribunal Supremo, Sala Segunda, STS 1490/2025, ECLI:ES:TS:2025:1490, rec. 6721/2022. La sentencia recuerda que el delito del art. 270 CP es un delito de tendencia, que exige actuación con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, como elementos configuradores del tipo penal. Refuerza la exigencia de elementos subjetivos adicionales para pasar del ámbito civil al penal.
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Tribunal Supremo, Sala Segunda, sentencia de 20 de mayo de 2024 (caso comercialización de más de 3.700 bolsos con diseños protegidos). La Sala condena porque existe explotación comercial significativa y lucro, lo que muestra el estándar de gravedad exigido para aplicar el art. 270 CP. Esta sentencia es útil para contrastar: cuando sí existe escala comercial relevante, el Tribunal Supremo sí aprecia delito. Fuente
- Sentencias sobre Delitos contra la propiedad intelectual.
Error nº 3: Prueba económica insuficiente
La prueba económica es uno de los puntos más débiles en muchos procedimientos por delito de propiedad intelectual.
Las acusaciones suelen apoyarse en elementos como:
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capturas de anuncios online
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listados de ventas en plataformas
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estimaciones de facturación
Sin embargo, estas pruebas no siempre permiten demostrar de forma rigurosa:
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el beneficio neto obtenido
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el volumen real de negocio
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la relación directa entre las ventas y las obras protegidas
En numerosos casos se mezclan:
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productos lícitos e ilícitos
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ventas de distintos artículos
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estimaciones sin base contable real
Como consecuencia, el tribunal puede considerar que no se ha probado suficientemente el lucro penalmente relevante, lo que afecta directamente a la tipicidad del delito.
Error nº 4: Dependencia excesiva de periciales privadas
Otro problema frecuente en los procedimientos por delitos contra la propiedad intelectual es la dependencia casi exclusiva de informes periciales elaborados por la propia entidad denunciante o por técnicos vinculados a ella.
Desde el punto de vista procesal y probatorio, estos informes presentan limitaciones que la jurisprudencia ha señalado reiteradamente, especialmente cuando no van acompañados de prueba independiente o contradictoria.
1. Falta de contradicción técnica
En numerosos procedimientos la acusación se sustenta esencialmente en un informe técnico elaborado por personal o peritos designados por la propia entidad denunciante.
Sin embargo, desde la perspectiva del proceso penal, este tipo de informes no tienen el mismo valor que una pericial independiente o judicial, especialmente cuando no existe una verdadera contradicción técnica.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha recordado que la prueba pericial debe ser valorada como cualquier otro medio probatorio, sin que el tribunal quede vinculado por sus conclusiones. El dictamen pericial no vincula al tribunal, que puede apartarse de sus conclusiones mediante una valoración razonada de la prueba.
Importante tener en cuenta que en contextos donde solo existe una pericial de parte y ninguna pericial contradictoria, el tribunal suele examinar el informe con especial cautela.
La jurisprudencia ha insistido en que la pericial no sustituye la valoración judicial de la prueba, ni puede convertirse en el único fundamento de una condena si no está adecuadamente corroborada.
2. Inferencias especulativas
Otra debilidad frecuente en estos informes es el uso de estimaciones o inferencias que no se apoyan en datos empíricos verificables.
En algunos procedimientos los informes periciales intentan deducir:
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número de copias distribuidas
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volumen de descargas
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volumen de ventas potencialmente perdidas
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cuantía del perjuicio económico
A partir de supuestos teóricos o cálculos indirectos, sin disponer de datos reales sobre la actividad investigada.
El Tribunal Supremo ha señalado que la prueba pericial no puede basarse en conjeturas o hipótesis no acreditadas, especialmente en materia penal. Y cuando el cálculo del daño o del beneficio económico se fundamenta en estimaciones especulativas, la fuerza probatoria del informe puede verse sensiblemente debilitada.
3. Confusión entre valoración técnica y valoración jurídica
Otro problema que aparece con cierta frecuencia es que algunos informes periciales trascienden el ámbito técnico y formulan conclusiones jurídicas, como por ejemplo afirmar que:
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la conducta “constituye delito contra la propiedad intelectual”
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existe “ánimo de lucro”
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se ha producido “explotación económica ilícita”
Sin embargo, estas valoraciones no corresponden al perito, sino al tribunal. Y la función del perito es aportar conocimientos técnicos o científicos, no calificar jurídicamente los hechos. El perito no puede sustituir al tribunal en la calificación jurídica de los hechos, limitándose su función a aportar conocimientos técnicos.
4. Debilidad probatoria tras la contradicción en juicio
Cuando estos informes se someten a interrogatorio en el juicio oral, es frecuente que aparezcan limitaciones metodológicas o supuestos no acreditados. Aquí si el perito falla, la acusación pierde una de sus principales cartas en juicio. Recordemos que la prueba pericial debe someterse al principio de contradicción, que constituye una garantía esencial del proceso penal. Y cuando el informe no puede sostener sus conclusiones ante el interrogatorio o carece de datos empíricos verificables, su valor probatorio puede verse considerablemente reducido.
Conclusión
A la luz de esta doctrina, la jurisprudencia ha reiterado que los informes periciales de parte deben ser valorados con especial cautela, especialmente cuando:
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proceden de la propia entidad denunciante,
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no existen periciales independientes,
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se basan en estimaciones hipotéticas,
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incorporan valoraciones jurídicas impropias del perito.
En estos supuestos, la fuerza de la acusación penal puede verse comprometida, ya que la prueba pericial no puede sustituir la acreditación rigurosa de los elementos del tipo penal.
Error nº 5: Investigaciones policiales incompletas
En muchos procedimientos la investigación policial se centra principalmente en:
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localizar anuncios o ventas
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intervenir soportes físicos
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identificar a los presuntos responsables
Sin embargo, no siempre se completa toda la cadena probatoria necesaria para acreditar el delito.
Entre las diligencias que con frecuencia faltan se encuentran:
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análisis pericial exhaustivo del material incautado
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diferenciación técnica entre copias y originales
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acreditación del origen de las obras
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cuantificación real del daño económico
Cuando estas diligencias no se practican de forma completa, la acusación queda basada en indicios débiles, lo que dificulta la obtención de una condena.
Error nº 6: Dificultad para probar el dolo
El delito del artículo 270 CP exige un elemento subjetivo específico.
No basta con que exista una infracción objetiva de derechos de autor. Es necesario acreditar que el acusado actuó:
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con conocimiento de la ilicitud
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con voluntad de obtener un beneficio económico mediante la explotación de obras protegidas
Cuando la defensa logra introducir explicaciones alternativas razonables, por ejemplo:
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coleccionismo
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actividad ocasional
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intercambio entre particulares
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venta de productos lícitos junto con otros discutidos
En estos casos, el tribunal puede considerar que no se ha acreditado el dolo específico del delito.
Jurisprudencia que apoya esta teoría
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que el delito del art. 270 CP incorpora un elemento subjetivo específico, consistente en la actuación con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, lo que exige acreditar la finalidad de explotación económica de la obra protegida (por todas, STS de 4 de abril de 2025, rec. 6721/2022).
En consecuencia, la tipicidad penal no se satisface con la mera infracción objetiva de derechos de autor, sino que debe demostrarse que el acusado actuó con conocimiento de la ilicitud y con propósito de obtener un beneficio económico, circunstancia que en ocasiones solo puede inferirse cuando existe una actividad comercial relevante o sistemática (por ejemplo, STS 193/2024, de 29 de febrero; STS 222/2025, de 6 de marzo).
- STS 1490/2025 – ECLI:ES:TS:2025:1490. El Tribunal Supremo explica que el delito del art. 270 CP es un delito de tendencia, en el que el ánimo de lucro y el perjuicio a tercero forman parte del tipo subjetivo. Esto implica que debe acreditarse la intención de obtener un beneficio mediante la explotación de la obra protegida. Esto respalda directamente la idea de que no basta la infracción objetiva, sino que debe probarse el elemento subjetivo del tipo.
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STS 193/2024, de 29 de febrero – Ecli: ES:TS:2024:1159. En esta resolución el Tribunal Supremo confirma una condena por delito contra la propiedad intelectual y analiza la concurrencia de explotación comercial y ánimo de lucro, lo que evidencia que la tipicidad penal exige acreditar la finalidad económica de la conducta. El análisis del tribunal se centra en la comercialización de miles de productos falsificados, circunstancia que permite inferir el dolo y el beneficio económico perseguido.
Error nº 7: Cuantías económicas reducidas
La cuantía económica de los hechos también influye en la valoración penal.
Cuando el supuesto beneficio obtenido es reducido, por ejemplo, ventas de pequeña escala, surgen dos problemas relevantes:
1. Dificultad para acreditar el ánimo de lucro relevante.
El beneficio puede resultar penalmente insignificante.
2. Aplicación del principio de mínima intervención penal.
Los tribunales suelen recordar que el Derecho penal debe reservarse para los casos más graves.
Cuando el conflicto puede resolverse mediante:
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indemnización civil
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acciones de cesación
En estos casos la respuesta penal pierde justificación.
Error nº 8: Estrategias procesales desproporcionadas
En algunos procedimientos se plantean actuaciones procesales muy amplias, como:
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registros extensivos
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análisis masivos de dispositivos digitales
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imputaciones muy amplias
Cuando estas actuaciones se perciben como investigaciones prospectivas, pueden generar problemas relacionados con:
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proporcionalidad
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derecho a la intimidad
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garantías procesales
En estos casos, los tribunales tienden a limitar el alcance de la investigación, lo que puede debilitar la acusación.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha insistido en que las diligencias de investigación que afectan a derechos fundamentales deben respetar estrictamente el principio de proporcionalidad y la prohibición de investigaciones prospectivas.
En este sentido, el Tribunal ha declarado la nulidad de determinadas medidas de investigación cuando carecen de motivación suficiente o su alcance resulta excesivo (por ejemplo, STS 753/2024, de 22 de julio).
Asimismo, el Tribunal Supremo ha señalado que el acceso masivo a información contenida en dispositivos electrónicos puede afectar al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, por lo que debe estar debidamente delimitado y justificado (STS 3978/2023; STS 2643/2023).
- El Tribunal Supremo declara la nulidad de varias intervenciones telefónicas al considerar que las resoluciones judiciales que las autorizaban no cumplían adecuadamente las exigencias constitucionales de motivación y proporcionalidad. La sentencia insiste en que las medidas de investigación que afectan a derechos fundamentales no pueden convertirse en investigaciones prospectivas. STS 753/2024, de 22 de julio (Sala Segunda) Esta doctrina refuerza que: las diligencias invasivas deben estar estrictamente justificadas, y la investigación penal no puede basarse en exploraciones indiscriminadas.
- El Tribunal Supremo examina el acceso a información contenida en dispositivos electrónicos y subraya que el entorno digital puede formar parte de la esfera de intimidad protegida por el art. 18 CE. Por ello, el acceso masivo a datos o archivos digitales debe respetar estrictamente el principio de proporcionalidad y las garantías judiciales. STS 3978/2023 (Sala Tercera, contencioso-administrativo) Esta sentencia es especialmente relevante para investigaciones que implican: análisis masivos de dispositivos digitales, copias de datos informáticos, o acceso indiscriminado a información privada.
- STS 2643/2023 (Sala Tercera). El Tribunal analiza si el copiado masivo de archivos y correos electrónicos de un servidor durante una actuación inspectora vulnera derechos fundamentales. La sentencia señala que estas actuaciones deben examinarse conforme al principio de proporcionalidad, especialmente cuando afectan a: inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, y derecho a la intimidad. Esto refuerza la idea de que actuaciones masivas o indiscriminadas sobre dispositivos digitales pueden ser desproporcionadas si no están limitadas por una finalidad concreta.
Conclusión: por qué muchos procedimientos penales fracasan
La razón principal por la que muchos procedimientos penales por propiedad intelectual terminan en archivo o absolución no suele ser un problema aislado, sino una debilidad estructural en la construcción de la acusación.
En numerosos casos se intenta trasladar al proceso penal una lógica propia de las reclamaciones civiles por infracción de derechos de autor.
Sin embargo, el delito del artículo 270 del Código Penal exige requisitos mucho más estrictos, entre ellos:
-
ánimo de lucro penalmente relevante
-
explotación comercial significativa
-
prueba económica sólida
-
legitimación clara del titular de los derechos
Cuando estos elementos no se acreditan con precisión, el proceso penal pierde consistencia.
Por ello, en muchos procedimientos los tribunales concluyen que la conducta puede constituir una infracción civil de derechos de autor, pero no un delito contra la propiedad intelectual.
Delito contra la Propiedad Intelectual (art. 270 CP): Guía de Defensa Penal
Autor
© Pablo Maza Correa
Abogado especializado en Propiedad Intelectual, Marcas, Competencia Desleal y Derecho Digital.
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