Derecho de la Competencia

Qué tener en cuenta sobre el Derecho de la Competencia y la competencia desleal

Cuando un negocio funciona, tiene un valor que le diferencia de los demás, ocupa cierto lugar en el mercado o maneja informaciones que pueden diferenciarlo de la competencia, como por ejemplo signos distintivos, marcas u otros activos de propiedad industrial, es entonces cuando se convierte en blanco perfecto para la Competencia desleal y aquí es altamente recomendado trabajar con un abogado especialista en Derecho de la Competencia.

 

Qué es el Derecho de la Competencia

El Derecho de la competencia (en inglés Competition Law, conocido en Estados Unidos como Antitrust Law) es la rama del Derecho que se encarga de regular el comercio mediante la prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y los monopolios.

Ahora que ya sabemos la base de esta materia, vamos a ver con más detalle lo que interesa conocer:

Si quieres ver casos y ejemplos sobre Competencia Desleal estoy seguro de que encontrarás mucho valor en los posts que escribo en el blog (clic aquí)

 

Qué protege el Derecho de la Competencia

  1. Salvaguarda el mecanismo de la economía libre de mercado, donde el mercado fija los precios y se encuentran oferta y demanda, siendo los actores de este mercado los consumidores y empresas.
  2. Protege la adecuada relación calidad-precio, lo que no es equivalente a precios bajos.
  3. Protege ante el abuso de posición dominante de las empresas privadas en sus relaciones mercantiles en una democracia parlamentaria, mejorando la integración de los mercados prohibiendo las restricciones a las exportaciones.

derecho competenciaLa existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes.

Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad. (Derecho competencia)

Dentro de las políticas de oferta, la defensa de la competencia complementa a otras actuaciones de regulación de la actividad económica y es un instrumento de primer orden para promover la  productividad de los factores y la competitividad general de la economía.

 

Conductas prohibidas por el Derecho de la Competencia

En España, la Comisión Nacional de la Competencia es el organismo administrativo encargado de forma principal (también aplican la legislación de derecho de la competencia los juzgados mercantiles) de la aplicación de las normas de derecho de la competencia españolas en tres tipos de conductas de las empresas:

  • Colusorias, aquellas en la que se dan acuerdos entre compañías que producen una restricción sensible de la competencia.
  • Abusivas, las que se adoptan desde una posición de dominio en el mercado.
  • Desleales, que falsean la libre competencia.

Si nos centramos un poco más en lo que dice la Ley, el artículo 1 de la Ley española de Defensa de la Competencia y el artículo 81 del Tratado de la Comunidad Europea prohíben cualquier contrato, acuerdo o práctica concertada entre dos o más empresas que tenga el objeto o el efecto de impedir, restringir o distorsionar la competencia en España o en la Unión Europea.

Para que las conductas prohibidas puedan ser sancionables, no es necesario que el acuerdo o práctica en cuestión produzca de hecho un efecto perverso sobre el mercado, sino que es suficiente con que tal efecto perverso haya sido querido por las partes o sea posible en teoría.

 

Cuidado con la infracción de normas en Derecho de la Competencia

También debe tenerse muy en cuenta que la infracción de las normas de derecho de la competencia no requiere la existencia de un contrato escrito, sino que basta con cualquier forma de coordinación entre empresas, que puede ser consecuencia de contactos directos o indirectos, formales o informales (arreglos verbales, pactos de caballeros, acuerdos no vinculantes e, incluso, pactos tácitos).

 

Acuerdos dañinos prohibidos por el Derecho de la Competencia

Existen acuerdos especialmente dañinos para la competencia y que, por tanto, están casi siempre prohibidos. Así, por ejemplo, los cárteles (grupo de empresas competidoras que acuerdan fijar los precios de sus productos o servicios para repartirse áreas de influencia).

 

El Derecho de la Competencia prohíbe los Abusos de posición dominante

El artículo 2 de la LDC y el artículo 82 del TCE prohíben a las empresas con una posición de fuerza en el mercado (las normas de competencia se refieren a esta posición como «posición dominante») adoptar conductas que afecten o puedan afectar a la competencia, como consecuencia de la situación privilegiada en la que se encuentra la empresa.

Para valorar adecuadamente si una empresa se encuentra en posición de dominio deben analizarse numerosos factores. La cuota de mercado es únicamente uno de ellos, pero suele utilizarse como referencia válida inicial.

Con carácter general, las autoridades de competencia tenderán a considerar dominantes a aquellas empresas con cuotas superiores al 30 o 40% en un determinado mercado. Las empresas con una posición dominante deben actuar sabiendo, en todo momento, que tienen una «especial responsabilidad», en palabras de las autoridades de competencia.

Las indemnizaciones por infracciones del Derecho de la competencia

Para las empresas, un aspecto muy relevante de las consecuencias de infringir las normas de competencia es la responsabilidad por daños en la que pueden incurrir las empresas infractoras.

Tras la entrada en vigor de la Ley 15/2007, se habilita a la jurisdicción ordinaria para que pueda conocer las infracciones de la competencia directamente, de manera que cualquier afectado por una práctica anticompetitiva puede dirigirse a un juez o tribunal a exigir el cese de la conducta y, en su caso, la indemnización que le pudiera corresponder.

De este modo se pretende incentivar la presentación de demandas en los juzgados mercantiles. Así, los operadores perjudicados por una conducta anticompetitiva se conviertan en colaboradores de las administraciones públicas a la hora de aplicar una política de competencia de tolerancia cero (los operadores económicos están en una mejor posición que las autoridades para detectar cualquier práctica anticompetitiva en el mercado).

 

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