Delito de daños informáticos por personas jurídicas o empresas

 

En el Código Penal se contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas o sociedades) en diversos artículos, entre ellos se encuentra el art. 264 quater, que se contempla dicha responsabilidad penal de la forma siguiente:

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los tres artículos anteriores, se le impondrán las siguientes penas: (delito de daños informáticos por personas jurídicas)

a) Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, cuando se trate de delitos castigados con una pena de prisión de más de tres años.
b) Multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, en el resto de los casos.

El artículo 31 bis del CP requiere solamente de una omisión de los deberes de control y vigilancia correspondientes a la persona jurídica cuando la actividad delictiva se cometa por parte de un sujeto subordinado. En definitiva este sistema de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas no prevé el posible déficit de estructura organizativa.

delito de daños informáticos por personas jurídicasDe conformidad al artículo 33.7 del CP a la persona jurídica se le podrá aplicar una de las siguientes penas: a) disolución de la persona jurídica; b) suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años; c) clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años; d) prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya come-tido, favorecido o encubierto el delito; e) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años; f) intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La exención de responsabilidad penal de dicha persona jurídica pasa por la configuración de la figura del compliance penal y la realización de todos los protocolos contemplados en el art. 31 bis del Código Penal.

Delito de daños informáticos por personas jurídicas

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